viernes, 23 de mayo de 2014

La Junta Electoral prohíbe la celebración del Multireferéndum el 25-M



Entre otros partidos, Cilus manifestó su oposición a la celebración del multireferéndum

Los promotores de la iniciativa de consultas ciudadanas sobre diversas cuestiones sociales convocada el día de las elecciones recurrirán al Tribunal Supremo.
Las candidaturas de PP, PSOE, UPyD, Vox y Cilus han manifestado a la Junta Electoral Central su oposición a la iniciativa.
El Multireferèndum planteja poder decidir sobre diverses qüestions que afecten a la població / @albert_puy
Octavillas informativas en una reunción de Multireferéndum / @albert_puy

La Junta Electoral Central ha resuelto este martes prohibir el Multireferéndum –una iniciativa de consultas ciudadanas– convocado por distintas entidades sociales catalanas el domingo coincidiendo con las elecciones europeas.

Desde Multireferéndum aseguran que en ningún caso se plantean no llevar a cabo la consulta el domingo y que ya tienen 300 mesas de votación organizadas en Catalunya. Por ello preparan un recurso contencioso que presentarán mañana en el Tribunal Supremo.
La Junta considera que la iniciativa interfiere en el proceso electoral y en la reflexión de los votantes. En cambio, Gerard Batalla, de Multireferéndum, asegura que "es un proceso totalmente autónomo del electoral, en ningún caso entra en la disputa electoralista".
"La ley electoral no dice que no se puedan hacer este tipo de procesos, sólo dice que no se puede interferir en el proceso electoral o hacer propaganda de partidos, pero no niega que se pueda consultar a la ciudadanía sobre otros temas, y de hecho hay precedentes en otros países de que se celebren consultas el día de las elecciones", explica.

De hecho, los convocantes habían tenido un precedente positivo: la Junta Electoral Provincial de Girona resolvió que la convocatoria era legal y podía seguir adelante con una serie de recomendaciones. Las mesas debían establecerse a más de 100 metros de los colegios electorales y se prohibía "ningún acto que implique directa o indirectamente actos de campaña electoral a favor o en contra de un partido político, de una opción política, o de algún candidato a las elecciones".

No obstante, las juntas provinciales de Tarragona y Barcelona elevaron la cuestión a la Junta Central que finalmente ha determinado prohibir las consultas. Ha tenido en cuenta, entre otras cosas, la oposición que han manifestado las candidaturas de PP, PSOE, UPyD, Vox y Cilus.

El organismo señala que "las preguntas que se quieren plantear a los ciudadanos", en temas de política energética y agrícola, sobre el pago de la deuda pública o el papel de las ILPs, entre otros, "tienen una indudable naturaleza política y se encuentran en el debate político de esta Comunidad Autónoma ".

Por otra parte, el texto señala que la CUP sea una de las ocho entidades promotoras del multireferèndum, ya que es un partido político, pero el mismo texto recuerda que la formación no participa en el proceso electoral. "¿Cómo puede hacer campaña si ni siquiera se presenta a las elecciones ni tampoco Multireferendum pivota sobre esto?", Se pregunta Gerard Batalla.

El activista asegura que agotarán todas las vías legales y pondrán en marcha una llamada para dar más fuerza al proceso: "Pediremos a la gente que se implique más, que participe más y que monte más mesas para llegar a más gente".  De momento las redes sociales reaccionan recordando la prohibición de las acampadas del 15-M por parte de la Junta Electoral en 2011, a la que se desobedeció masivamente.

Tampoco es la primera vez que la Junta Electoral Central prohíbe una consulta ciudadana de este tipo, apunta el profesor Jordi Mir, del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales de la UPF. En el año 2000 se prohibió la que convocaba la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa en Catalunya coincidiendo con las Elecciones Generales. Este colectivo también apostó por la desobediencia y pese a la prohibición recogió más de medio millón de votos en dos centenares de municipios catalanes, más de un millón en todo el Estado.

Artículo publicado por ElDiario.es

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